Las Falencias del Poder Judicial

El Poder Judicial de Ecuador está constituido por todos los jueces, magistrados y tribunales ecuatorianos constituidos dentro la Constitución de la República, en las leyes y tratados internacionales. Es un poder mediante el cual se ejecuta la tarea de impartir justicia dentro de la sociedad.

La administración de justicia se refiere a la potestad de juzgar, hacer o ejecutar los juzgados en una materia determinada, por lo tanto, los órganos de la función judicial no están revestidos de autoridad para ejercer otra actividad que no sea la de dar a cada uno lo suyo dentro del mando de la Constitución y la ley.

Entre los principios básicos en los que se afianza la Función Judicial en el Ecuador, se encuentran los siguientes:

a) La realización de la Justicia, sin ningún sacrificio por la omisión de formalidades.

b) La unidad de la Función Judicial, sin perjuicio de actuar en forma descentralizada.

c) Sistema arbitral, negociación y otros procedimientos alternos, para la solución de las controversias.

d) Simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites, a través de las leyes procesales, procurando en lo posible el sistema oral.

e) La gratuidad de la administración de Justicia, en el campo del derecho social.

f) El carácter público de los juicios, con excepción de los casos señalados por la Ley.

g) Independencia de los órganos de la Función Judicial en el ejercicio de sus funciones

h) Reconocimiento de la carrera judicial, para asegurar la estabilidad de los Magistrados, Jueces y Servidores Judiciales.

i) Sanción a Jueces y Magistrados por el retardo injustificado en el trámite de los juicios.

El poder judicial es el encargado de administrar la justicia, pero ¿en Ecuador realmente se administra la justicia? Este sistema a través de los años y las crisis políticas y económicas ecuatorianas se ha visto dañado notablemente.

No es de desconocimiento para la sociedad ecuatoriana que la corrupción que se está viviendo empaña tanto el sector público como el privado, pues se encuentra dentro del mismo sistema judicial, como las cárceles, espacios donde se debería primar el correcto cumplimiento de deberes, obligaciones y derechos.

El sistema judicial no tiene realmente independencia, sino que dominado por el poder político. La Constitución debe asegurar la independencia interna y externa de la Función Judicial con medidas prácticas, tales como la autonomía económica mediante la creación de impuestos específicos o la asignación de un porcentaje presupuestario mínimo en relación con el PIB y la transferencia automática de las rentas, así como con la penalización de todos los atentados contra la independencia de la Función Judicial o de los magistrados y jueces.

Finalmente, se debe considerar que el poder estatal de los gobiernos de turno tienen la obligación de hacer cumplir el marco legar estipulado en el libro de la Constitución, no se trata únicamente de agregar propuestas y promesas para alcanzar metas cortas, sino de trabajar por un mejor Estado que garantice la vida digna, libre y de derechos de todas las personas.

Redacción: Angélica Mendoza, estudiante de la Carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja en colaboración con la Fundación Haciendo Ecuador.

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